SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría especial al Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y a todos los fondos públicos usados en la reforma policial entre 2021 y 2026.
Josefina Reynoso, titular de Seguridad Ciudadana de la organización opositora, planteó el reclamo mientras el Gobierno promueve un nuevo proyecto de ley sobre la reforma.
“Antes de abrir una nueva etapa, el país merece una respuesta sobre la anterior. Tras seis años de anuncios e inversiones, los dominicanos tienen derecho a saber cuánto costó la reforma y qué resultados verificables produjo», dijo.
Desde 2021 el Gobierno presenta la reforma como política prioritaria, con nuevas inversiones, equipos y programas cada año. Sin eómbargo, la inseguridad sigue entre las principales preocupaciones y los hechos violentos generan dudas sobre el impacto real del gasto.
“No basta con afirmar que existe una reforma. Hay que demostrar, con evidencia, cómo se administran los recursos y qué transformaciones concretas generaron”, señaló Reynoso.
La solicitud busca que la Cámara de Cuentas determine el monto total invertido de 2021 a 2026, los recursos ejecutados vía el Fideicomiso, el destino de esos fondos y la ejecución de los proyectos; si se cumplieron los objetivos, y la correspondencia entre inversión y resultados institucionales.
Reynoso recordó que los propios coordinadores de la reforma dijeron que una transformación requiere auditorías y evaluaciones independientes. Ese criterio, sostuvo, debe aplicarse ahora.
“La transparencia no puede comenzar cuando conviene ni terminar cuando se anuncian nuevas leyes. Si el Gobierno dice que desarrolla una reforma efectiva, debe rendir cuentas: cuánto invirtió, qué metas cumplió y por qué la ciudadanía no percibe una transformación proporcional a la inversión”, afirmó.
Reynoso calificó la solicitud como un ejercicio legítimo de fiscalización. “Los recursos de la reforma pertenecen al pueblo, no al Gobierno de turno. El pueblo tiene derecho a saber cómo se administran y qué resultados han producido”, subrayó.
Concluyó que la transparencia fortalece las instituciones y la rendición de cuentas es una obligación constitucional, no una concesión política.
